Durante décadas, la soberanía ha sido invocada como un principio intocable del orden internacional. Pero cuando ese concepto se utiliza para blindar regímenes que persiguen, empobrecen y expulsan a su propio pueblo, deja de ser un valor democrático y se transforma en una coartada moral.

El caso de Venezuela es uno de los ejemplos más brutales de esta distorsión. Bajo el régimen chavista, representado por más de una década por Nicolás Maduro, casi ocho millones de personas se han visto obligadas a abandonar su país. No por guerras externas ni catástrofes naturales, sino por hambre, represión, colapso institucional y miedo interno. Eso no es soberanía. Es expulsión sistemática.

Frente a esta realidad, una parte de la comunidad internacional optó durante años por la comodidad del lenguaje diplomático: “no intervención”, “asuntos internos”, “respeto a la autodeterminación”.

Esa pasividad permitió que una dictadura con claros vínculos con economías ilegales, narcotráfico y redes criminales consolidara su poder sin consecuencias reales. Cuando el mundo calla en nombre de la soberanía, las dictaduras aprenden una lección peligrosa: todo está permitido.

En ese contexto, la presión ejercida durante la administración de Donald Trump marcó un quiebre. Más allá de la controversia que rodea su figura, su política hacia el régimen venezolano introdujo algo que no existía: el mensaje de que la impunidad no era infinita. Sanciones, procesos judiciales y señalamientos directos dejaron claro que gobernar desde el crimen también podía tener costos personales.

El debate de fondo no es ideológico ni partidista. Es ético. Ninguna dictadura narco-terrorista puede escudarse en la soberanía para justificar la anulación de libertades, el exilio forzado o la destrucción de un país entero. La soberanía existe para proteger a los pueblos, no para encadenarlos.

Normalizar estos regímenes en nombre del respeto entre Estados equivale a legitimar el abuso. Y cada día que se prolonga esa tolerancia, millones de personas siguen pagando el precio.

Las dictaduras no caen solo por presión externa, pero sin esta rara vez caen. Defender la libertad humana por encima de formalismos diplomáticos no es intervencionismo: es responsabilidad moral. Porque cuando la soberanía vale más que la vida, el orden internacional deja de ser humano.

Porque llega un punto en el que la neutralidad deja de ser prudencia y se convierte en complicidad. No se puede defender la soberanía de un régimen que gobierna desde el miedo, el crimen y la expulsión de su propio pueblo. No se puede seguir llamando “respeto internacional” a la indiferencia frente al sufrimiento masivo.

Las dictaduras narco-terroristas no son una opción política más: son una amenaza directa a la libertad humana, al orden democrático y a la dignidad de millones. Deben terminar. No mañana, no cuando convenga, no cuando el lenguaje diplomático lo permita. Deben terminar cuanto antes porque ningún poder es legítimo cuando se sostiene sobre la muerte civil de un país entero.

La historia no absolverá a quienes confunden soberanía con silencio. Y el mundo tendrá que decidir, tarde o temprano, de qué lado quiere estar: del formalismo político que protege gobiernos corruptos dictatoriales o de la libertad que protege vidas humanas.

Abrazo a nuestros vecinos en este momento difícil de transición e invito a Colombia a salvaguardar la libertad en este año tan definitivo para nuestra democracia.

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